Educar para transformar: Iberoamérica ante el desafío de una transición verde justa

Avanzar hacia la sostenibilidad no tiene una ruta única ni es un camino lineal. Existen múltiples vías que deben transitarse de manera coordinada: desde la transformación financiera hasta la construcción de pactos sociales amplios, pasando por un eje fundamental y a menudo subestimado como es la educación. Comprender esta diversidad de aproximaciones no solo amplía nuestra mirada sobre problemáticas tan acuciantes en la actualidad como la crisis climática, sino que también permite diseñar respuestas más justas y duraderas.

Uno de los ejes centrales de esta transición es, sin duda, el financiamiento. Iberoamérica, y en especial, América Latina, se perfila como una de las regiones más castigadas por el cambio climático, pese a ser una de las que menos ha contribuido históricamente al calentamiento global. Esta paradoja es clave para entender el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconocido ya en la Declaración de Río de 1992 y reforzado por el Acuerdo de París, que subraya el deber del norte global de subvencionar los esfuerzos de mitigación y adaptación del sur global.

Pero la conversación sobre financiamiento no puede desvincularse de la realidad productiva de la región. América Latina posee el 60% de las reservas mundiales de litio y alrededor del 40% de las de cobre, recursos estratégicos para la transición energética. Al mismo tiempo, sigue dependiendo en gran medida de actividades como la minería, la agricultura intensiva y la producción petrolera, sectores que generan ingresos, pero también impactos ambientales significativos.

Por eso, pensar el financiamiento para la transición ecológica requiere un enfoque sistémico. No se trata solo de canalizar fondos, sino de rediseñar el modelo de inserción global de la región, que permita avanzar desde una economía extractivista hacia una economía regenerativa basada en la sostenibilidad

En ese mismo sentido, es indispensable construir pactos sociales amplios. La transición verde justa no se logrará sin diálogo ni consensos que involucren a gobiernos, empresas y sociedad civil. En América Latina, donde las desigualdades estructurales condicionan profundamente las oportunidades, dichos acuerdos deben ser democráticos y participativos.

Impulsar estos pactos sociales puede colocar a los gobiernos en una posición compleja frente a las élites económicas. Por un lado, necesitan su inversión para acelerar la transición energética; por otro, deben regular o incluso limitar ciertas actividades económicas insostenibles. Todo ello mientras se mantiene el difícil equilibrio entre sostenibilidad, reducción de la pobreza y crecimiento económico.

En este contexto, la alianza entre América Latina y la Unión Europea se presenta como una oportunidad estratégica. Iniciativas como el Pacto Verde marcan una hoja de ruta ambiciosa hacia la neutralidad climática en 2050, pero necesitan ser adaptadas a las realidades de los países en desarrollo.

La región ha mostrado avances notables, tanto en energías renovables como en marcos legales de protección, y existe, además, un claro respaldo ciudadano hacia una cooperación birregional que impulse un nuevo modelo de desarrollo, como ya lo demuestra el proyecto Energytran, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que busca contribuir a una transición justa y equitativa en ambas regiones.

Y es aquí donde la educación emerge como condición fundamental para dar sentido a todo lo anterior. No será posible un futuro sostenible sin una educación transformadora. La sostenibilidad debe construirse desde las aulas, en los procesos formativos y en la manera en que enseñamos a habitar el planeta con responsabilidad.

Los sistemas educativos deben ofrecer herramientas para construir una sociedad más equitativa y justa: competencias verdes, conexión con el territorio, metodologías activas, y docentes formados para promover el cambio. Las escuelas tienen que ser espacios donde construir una visión compartida de futuro, que forme para la vida, la convivencia y la sostenibilidad.

Esta transformación educativa necesita respaldo político y un lugar prioritario en la agenda internacional. En este marco, espacios de gobernanza global como la COP30 —la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebrará en 2025 en Brasil— se vuelven fundamentales. No solo porque permiten alcanzar compromisos internacionales o visibilizar la urgencia de actuar, sino porque son una plataforma para situar a la educación en el centro del debate.

Este evento de referencia internacional, que este año cuenta con el apoyo organizativo de la OEI, debe, además de abordar cuestiones clave como la acción climática y el financiamiento, reconocer a la educación para el desarrollo sostenible como un pilar estratégico. Más que un gesto simbólico, es una apuesta por el largo plazo y por la construcción de una ciudadanía capaz de apoyar y sostener los acuerdos globales.

Para lograrlo, es necesario fortalecer el sistema multilateral mediante una coordinación efectiva entre los niveles multilateral, regional y nacional, alineando los planes de desarrollo nacionales con los objetivos internacionales. Solo así será posible movilizar financiamiento, promover soluciones duraderas y situar a la educación como motor de una transición justa.

América Latina tiene un rol crucial en el futuro del planeta. Alberga la mitad de la biodiversidad mundial y cerca del 60% de los bosques tropicales. Su camino hacia la sostenibilidad definirá no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Avanzar en esta dirección requiere compromiso político, consensos sociales y una educación capaz de formar ciudadanos comprometidos y solidarios.

Tamara Díaz Fouz es directora general de Educación y ETP de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

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