Ortega y Murillo retiran a Nicaragua de Acnur, la séptima ruptura con una agencia de Naciones Unidas en cinco meses

Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan profundizando su ruptura total con la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU): este 12 de junio han retirado a Nicaragua de la Agencia para los Refugiados (Acnur) bajo el argumento de que se trata de “un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados, al servicio de las Potencias que aún no aceptan el derecho de los Pueblos y Naciones a su Soberanía y Autodeterminación [sic]”, según la comunicación emitida por la Cancillería sandinista.

Con el retiro de Nicaragua de Acnur, el régimen copresidencial de Ortega y Murillo acumula ya siete quiebres con organismos asociados a la ONU, en una escalada iniciada en febrero pasado. Primero fue la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), le siguió el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la rabiosa salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), después que la agencia le otorgara al diario La Prensa el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025.

Aunque no es una agencia per se de la ONU, el régimen Ortega también dinamitó todo puente de comunicación con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), que investiga los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por la istración sandinista desde abril de 2018 –año de las masivas protestas sociales sofocadas con disparos letales– hasta la actualidad.

Todas estas rupturas han sido acompañadas de comunicados altisonantes e improperios contra Naciones Unidas que, en resumidas cuentas, en el fondo se repiten o reaccionan a críticas que las agencias han hecho a la deriva dictatorial de los copresidentes. Muestra de ello es la comunicación enviada al alto comisionado de Acnur: “Le saludamos en ocasión de hacer referencia a las sesgadas y parcializadas publicaciones que esta Organización ha realizado, llenas de engaños y manipulaciones, distanciadas totalmente de la verdadera realidad del Pueblo y de las Familias nicaragüenses [...]. Para el Gobierno de la República de Nicaragua, estas prácticas contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la Soberanía de nuestro Pueblo, razón que nos ha llevado a tomar la decisión irrevocable de no continuar formando parte de este Órgano. Por lo anterior, notificanos nuestra decisión soberana de retiramos a lo inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR [sic]”.

Ayuda para los refugiados en Costa Rica

Si bien el régimen de Ortega y Murillo no especifica a cuales declaraciones de Acnur se refiere, el pasado 9 de mayo la agencia emitió un comunicado solicitando ayuda a la comunidad internacional para continuar atendiendo a las oleadas de desplazados nicaragüenses que siguen llegando a Costa Rica por razones sociopolíticas. Acnur “enfrenta graves limitaciones para brindar asistencia” debido a que se ha recortado el 41% de los fondos en el país. Una buena parte de los recursos provenían de Estados Unidos cuya istración, la de Donald Trump, desmanteló la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

“Las incesantes tensiones políticas y sociales en Nicaragua han forzado a la población a cruzar la frontera con Costa Rica: miles han buscado protección en ese país, que tiene una larga tradición de asilo, ofreciendo condiciones dignas y seguras a quienes huyen de las persecuciones”, dice el comunicado de Acnur.

Para marzo de 2025, Costa Rica había dado acogida a más de 194.000 personas de Nicaragua que solicitaban asilo y a 9.216 refugiados registrados que provienen de ese mismo país. De acuerdo a Acnur, estas cifras representan más de la mitad de todas las personas nicaragüenses desplazadas en todo el mundo. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo de Nicaragua componen casi un 4% de la población costarricense, de 5,1 millones de habitantes. Del total de personas refugiadas y solicitantes de asilo en Costa Rica, los nicaragüenses son el 83%.

“En los últimos años, la ayuda humanitaria, que incluye el apoyo financiero que ha facilitado la integración, ha permitido que miles de nicaragüenses en Costa Rica tengan a asesoramiento legal, puedan navegar los trámites de asilo y busquen otras vías regulares”, argumenta Acnur. “Asimismo, ha facilitado la prestación de servicios esenciales, como la protección de la infancia, el cuidado de la salud mental, la educación, la capacitación y el al empleo, poniendo especial atención a las mujeres, niñas y niños, y personas que viven en áreas alejadas o de alto riesgo. Por desgracia, este salvavidas está en riesgo. El mordaz recorte a la financiación ha provocado la drástica suspensión o cancelación de muchos servicios esenciales”.

El sistema de asilo en sí mismo está bajo presión, insiste la agencia especializada. En Costa Rica, hay más de 222.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución (incluidas aquellas presentadas por personas provenientes de otros países). Eso supone un cuello de botella que amenaza todo el sistema de protección. “Se suma que, la capacidad operativa de registro de la oficina de Acnur en Costa Rica disminuyó un 77%, lo cual ha ralentizado procesos claves como la identificación de casos vulnerables y derivación a servicios de empleo, educación o atención médica, entre otros”, enfatiza el comunicado que, al parecer, causó la ira de los Ortega-Murillo.